Un ejército que tenía un país
El Imperio alemán había creado instituciones representativas y una sociedad de masas sin someter plenamente el poder militar al control parlamentario
Hay maldades políticas que sobreviven a la persona contra la que fueron escritas. Una de las más duraderas se atribuye a Honoré-Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau: «Prusia no es un país que tiene un ejército, sino un ejército que tiene un país». La frase circula en versiones diferentes y su autoría exacta no está completamente resuelta, pero resume con una eficacia difícil de superar la posición que las armas llegaron a ocupar en la monarquía prusiana. Mirabeau conocía el terreno: había sido enviado en misión secreta a Berlín y publicó en 1788 De la monarchie prussienne sous Frédéric le Grand. La atribución tradicional reúne además aquella ocurrencia con otra sentencia no menos afilada: «La guerra es la industria nacional de Prusia».
Un militar prusiano, Georg Heinrich von Berenhorst, formularía poco después una variante todavía más literaria: la monarquía prusiana no sería un país que poseía un ejército, sino un ejército que poseía un país en el que, por así decirlo, se encontraba acantonado. Sus Betrachtungen über die Kriegskunst aparecieron originalmente entre 1797 y 1798.
La fórmula pertenece a esa familia de sarcasmos que invierten la relación aparente entre dos instituciones. Durante años se dijo en España que no era el PSOE quien tenía un periódico, sino EL PAÍS quien tenía un partido; desde 2018, las tornas parecen haberse invertido. Alemania no sería un país dotado de fuerzas armadas, sino unas fuerzas armadas provistas de territorio, contribuyentes y administración. La exageración funciona porque, debajo de la caricatura, señala una relación de poder reconocible.
Aplicada al II Reich, sin embargo, necesita algunas precauciones. La Alemania de 1914 no era una simple prolongación del reino de Federico el Grande. Se había convertido en una sociedad industrial, urbana y científicamente avanzada. Celebraba elecciones mediante un sufragio masculino directo, igual y secreto, tenía partidos de masas, sindicatos, una prensa poderosa y un Reichstag con participación real en la legislación y el presupuesto. Reducir todo aquello a un inmenso cuartel prusiano sería sustituir la historia por la caricatura.
El problema es que la caricatura conservaba algo de verdad.
La prolongación de Prusia
El Imperio alemán nació en 1871 como una federación de veinticinco Estados. Había reinos, grandes ducados, ducados, principados y ciudades libres, pero uno de sus miembros pesaba mucho más que todos los demás. El rey de Prusia ocupaba hereditariamente la presidencia de la federación con el título de emperador alemán, y designaba al canciller imperial. Este presidía a su vez el Bundesrat, donde estaban representados los Estados federados.
La Alemania unificada no había absorbido simplemente a Prusia. En buena medida, Prusia había extendido su monarquía, su administración y su posición de poder hasta abarcar Alemania.
La Constitución imperial combinaba elementos modernos y antiguos. El Reichstag representaba el componente nacional y democrático; el Bundesrat, el federal; y el emperador, el canciller y la burocracia encarnaban el elemento monárquico. Las leyes necesitaban la participación del Reichstag y del Bundesrat. Pero la Cámara elegida por sufragio masculino no elegía al Gobierno. El canciller era nombrado por el emperador y no necesitaba conservar la confianza de una mayoría parlamentaria para permanecer en el cargo.
El Reich tampoco tenía un gabinete de ministros responsable colectivamente ante el Parlamento. En la cumbre del ejecutivo se encontraba el canciller; por debajo, oficinas imperiales dirigidas por secretarios de Estado. Estos podían convertirse en figuras políticas de enorme peso, pero constitucionalmente no formaban un consejo de ministros comparable al de una monarquía parlamentaria.
El sistema aceptaba la representación popular sin admitir plenamente el principio parlamentario. Los ciudadanos elegían una Cámara capaz de aprobar leyes y dinero, pero aquella Cámara no decidía quién gobernaba.
Ejército federal, Marina imperial
La peculiaridad aumentaba al entrar en el terreno militar.
El Ejército terrestre no constituía una institución imperial completamente unitaria. Conservaba la huella federal de la unificación: seguían existiendo formalmente contingentes prusianos, bávaros, sajones y de Württemberg. Los convenios militares y la abrumadora preponderancia prusiana los integraban en la práctica, especialmente en caso de guerra, pero el Imperio carecía de un verdadero Ministerio imperial del Ejército.
La principal administración militar pertenecía al Ministerio de Guerra prusiano. Junto a él actuaban el gabinete militar del emperador, encargado de nombramientos y de la relación personal con el monarca, y el Estado Mayor General, responsable de la planificación estratégica. En la cúspide de aquellas cadenas se encontraba el káiser como comandante supremo.
La Marina tenía una estructura diferente. La Kaiserliche Marine sí era una institución propiamente imperial. Su construcción y administración correspondían al Reichsmarineamt, mientras el Gabinete Naval intervenía en asuntos de personal y el mando naval preparaba su empleo militar. La Marina era más imperial que el Ejército por su organización, pero no más parlamentaria en su dirección.
La distinción importa. El aparato militar alemán no era un bloque uniforme ni una pirámide administrativa sencilla. Era un conjunto de organismos con competencias parcialmente separadas, algunos subordinados administrativamente al canciller y otros vinculados directamente al emperador.
Esta fragmentación no reducía necesariamente la autonomía militar. Podía aumentarla, porque separaba la responsabilidad política de la autoridad efectiva. El canciller debía defender ante el Parlamento una política militar cuya planificación no dominaba por completo y responder públicamente por instituciones que mantenían sus propias vías de acceso al káiser.
El Ejército no terminaba en los cuarteles
La presencia militar tampoco se limitaba al cuerpo de oficiales ni a los organismos superiores. El servicio militar extendía el Ejército por toda la sociedad.
El ejército de paz era solamente el armazón del ejército de guerra. El recluta pasaba un periodo relativamente corto bajo las armas y regresaba después a la vida civil, pero no desaparecía de la organización. Quedaba encuadrado en sucesivas categorías de reserva y podía volver a ser llamado hasta los 45 años. Conservaba obligaciones, adscripción administrativa y un lugar previsto en la movilización.
El reservista no era un civil al que hubiera que enseñar apresuradamente a disparar cuando comenzara la guerra. Era un antiguo soldado al que había que localizar, vestir, armar, transportar hasta su depósito y reunir con la unidad que le correspondía.
En 1914, el Ejército alemán de paz contaba aproximadamente con 25 cuerpos y unos 700.000 hombres. Alrededor de una semana después de iniciarse la movilización se encontraban bajo las armas unos 3,8 millones. La cifra exacta varía según la fecha y las categorías contabilizadas, pero su significado es inequívoco: Alemania podía multiplicar aproximadamente por cinco su Ejército sin improvisarlo desde cero.
Las unidades activas también recibían reservistas hasta alcanzar su fuerza de guerra. Al mismo tiempo se constituían cuerpos y divisiones de reserva, inicialmente menos fuertes que sus equivalentes activos, pero previstos dentro del dispositivo general de movilización.
El verdadero prodigio administrativo no consistía simplemente en llamar a millones de hombres. Había que saber quiénes eran, dónde vivían, qué instrucción habían recibido, a qué depósito debían presentarse, qué uniforme y armamento les correspondían y en qué tren debían viajar. Detrás de los célebres horarios ferroviarios había décadas de registros, distritos militares, almacenes y estados de fuerza.
Alemania no mantenía permanentemente los millones de hombres con los que pensaba combatir. Mantenía la estructura necesaria para recuperarlos.
Una reserva de mando
La movilización no multiplicaba únicamente la tropa. También necesitaba mandos.
El núcleo permanente lo formaban los oficiales profesionales, encargados de dirigir las unidades de paz, instruir a los reclutas y proporcionar cuadros experimentados a las formaciones movilizadas. Pero una movilización de millones de soldados requería una oficialidad mucho más numerosa que la mantenida permanentemente en activo.
Para ello existía también una oficialidad de reserva. Su principal vía de acceso era el Einjährig-Freiwilliger, el voluntario de un año. Los jóvenes con determinada formación académica podían prestar un servicio más corto, elegir unidad y arma y aspirar después a convertirse en oficiales de reserva, pero debían costearse equipo, vestuario, alojamiento y manutención. El desembolso restringía el sistema a familias con recursos.
No bastaba con pagar. El aspirante debía demostrar aptitud durante el servicio, continuar su formación mediante ejercicios de reserva y superar pruebas prácticas y tácticas. Después llegaba un filtro especialmente revelador: se examinaban también su conducta civil, su posición social y si mantenía el modo de vida que el Ejército consideraba propio de un oficial.
El Ejército no comprobaba solamente si el candidato sabía mandar una sección. También averiguaba si vivía como debía vivir un oficial.
El sistema reproducía dentro de la reserva parte de la jerarquía social exterior. El trabajador o el campesino regresaban normalmente a la vida civil como soldados o suboficiales movilizables. El joven titulado con recursos podía financiar la vía que conducía a la oficialidad. De ese modo, el Ejército permanecía dentro de las empresas, las profesiones liberales y las administraciones incluso cuando sus integrantes no vestían uniforme.
No era únicamente un país con muchos soldados. Era una sociedad preparada para volver a convertirse rápidamente en ejército.
El Parlamento tenía la llave de la caja
Toda aquella maquinaria costaba dinero, y aquí conviene evitar una simplificación. El Ejército no se financiaba completamente al margen del Parlamento.
El Reichstag participaba en la aprobación del presupuesto, podía debatir públicamente los gastos, reclamar explicaciones y negar determinados créditos. Su poder presupuestario era una de sus principales competencias y convertía la política militar en una fuente constante de negociaciones y conflictos.
La cuestión era cómo y cuándo podía emplear esa palanca.
Durante buena parte del Imperio, el marco financiero y la fuerza militar se aprobaron mediante compromisos plurianuales. El llamado Septennat fijaba durante siete años la financiación fundamental del Ejército; a partir de 1893, el periodo quedó reducido a cinco años mediante el Quinquennat. Cuando el Reichstag intentó limitar en 1887 a tres años una ampliación militar solicitada por el Gobierno, Otto von Bismarck respondió disolviendo la Cámara y convocando elecciones.
La Cámara poseía la llave de la caja, pero periódicamente se le exigía entregarla durante varios años.
El Parlamento podía discutir cuánto costaba el Ejército, pero no decidía qué debía hacer. No controlaba el Estado Mayor, no elaboraba los planes de despliegue y no podía derribar al canciller mediante una moción de censura. El canciller, por su parte, no era un mero pagador, pero tampoco mandaba sobre las instituciones militares como un presidente de Gobierno contemporáneo dirige su administración.
La autonomía militar no consistía, por tanto, en que los generales pudieran gastar sin ninguna autorización. Consistía en que el poder parlamentario aparecía con fuerza al abrir la caja y se debilitaba extraordinariamente cuando comenzaban las decisiones propiamente militares.
Cuando la estructura salió a la calle
Todo esto podría parecer una discusión abstracta sobre constituciones y organigramas. Pero en 1913 la autonomía militar salió a la calle con uniforme y bayoneta.
Ocurrió en Zabern, la actual Saverne, una localidad de Alsacia incorporada al Imperio alemán después de la guerra franco-prusiana. El 28 de octubre, el teniente Günter von Forstner, de veinte años, utilizó ante sus reclutas el término despectivo Wackes para referirse a los alsacianos y ofreció una recompensa de diez marcos a quien clavara la bayoneta a uno durante un posible enfrentamiento. La expresión estaba prohibida por las propias normas militares.
Las palabras llegaron a la prensa local y provocaron protestas. Las autoridades civiles de Alsacia-Lorena solicitaron que el teniente fuera trasladado, pero el mando militar se negó porque consideraba que hacerlo perjudicaría el honor y el prestigio del Ejército. Forstner recibió inicialmente seis días de arresto, una sanción que ni siquiera se hizo pública.
La reacción del Ejército mostró inmediatamente dónde situaba la institución el verdadero delito. Diez soldados de la compañía fueron detenidos, acusados de haber comunicado a la prensa lo ocurrido durante la instrucción.
El problema ya no era solo que un oficial hubiera insultado a la población delante de sus hombres. Algunos subordinados habían roto el silencio y permitido que la sociedad civil supiera qué se decía dentro del cuartel.
La crisis siguió creciendo. El coronel Adolf von Reuter, jefe del regimiento, ordenó el 28 de noviembre detener sin acuerdo con la administración civil a manifestantes ante los cuarteles y a transeúntes. Se declaró de hecho el estado de sitio y patrullas militares armadas ocuparon las calles. Pocos días después, Forstner hirió con su sable a un zapatero que se había burlado de él.
Lo revelador no fue que un joven teniente pronunciara una barbaridad. Ningún sistema político está a salvo de un subteniente bocazas. La prueba comenzó después, cuando hubo que decidir quién mandaba sobre él.
El mando militar actuó sin someterse a la administración local; el Gobierno imperial restó importancia al atropello; y el canciller Theobald von Bethmann-Hollweg defendió la primacía del Ejército frente a las autoridades civiles. El 4 de diciembre, el Reichstag respondió aprobando por 293 votos contra 54 una moción de censura contra el canciller.
En un régimen parlamentario, una derrota de esa magnitud habría podido provocar la caída del Gobierno. En el II Reich no ocurrió nada semejante. El canciller dependía de la confianza del emperador, no de la Cámara. La censura expresó la indignación de la mayoría parlamentaria, pero no tuvo consecuencias constitucionales.
Los procesos posteriores completaron la lección. Forstner fue condenado inicialmente por herir al zapatero, pero resultó absuelto en segunda instancia basándose en una interpretación amplísima de la legítima defensa. El coronel von Reuter y el oficial de guardia fueron juzgados en enero de 1914 por la detención arbitraria de civiles, y absueltos en virtud de una orden prusiana de 1820 que reconocía al Ejército un derecho de intervención cuando la autoridad civil no quisiera o no pudiera restablecer el orden.
La estructura constitucional había dejado de ser teoría. El Parlamento podía censurar; la opinión pública podía protestar; las autoridades locales podían reclamar. Pero cuando el honor militar entraba en escena, el Ejército conservaba una capacidad extraordinaria para juzgar sus propios actos y decidir dónde terminaba la autoridad civil.
El espejo de ¡Cu-Cut!
El episodio tenía un precedente cercano para el lector español.
El 25 de noviembre de 1905, oficiales de la guarnición de Barcelona asaltaron las redacciones y talleres de la revista¡Cu-Cut! y del diario La Veu de Catalunya. El motivo fue una viñeta que se burlaba cruelmente de las derrotas de 1898 del Ejército español: ante el llamado «Banquete de la Victoria», un observador concluía que los asistentes debían de ser civiles, porque no podían ser militares quienes celebrasen una victoria.
Los agresores no fueron detenidos ni juzgados. Mientras varios capitanes generales respaldaban a los oficiales participantes, un enviado del Cuarto Militar transmitió a la guarnición el saludo afectuoso de Alfonso XIII y su decisión de atender las que calificaba como «legítimas aspiraciones del Ejército». La crisis desembocó después en la Ley de Jurisdicciones, que atribuyó a los tribunales militares las ofensas contra la patria y el Ejército.
El incidente contribuyó además a reunir a fuerzas políticas catalanas muy diferentes bajo Solidaritat Catalana, que consiguió 41 de los 44 escaños catalanes en las elecciones generales de 1907
Zabern no fue el ¡Cu-Cut! alemán, ni los dos sistemas políticos eran equivalentes. La analogía funciona por el mecanismo institucional, no porque los episodios sean idénticos. En Barcelona, unos oficiales castigaron por su cuenta a quienes habían desprestigiado públicamente al Ejército. En Zabern, el Ejército persiguió a quienes habían permitido conocer públicamente la conducta de un oficial.
En Barcelona, el delito fue burlarse del Ejército. En Zabern, el delito terminó siendo contar lo que ocurría dentro de él.
En ambos casos apareció la misma anomalía: unas fuerzas armadas que no se concebían únicamente como servidoras del Estado, sino como depositarias de un honor propio que el poder civil debía proteger incluso frente a sus ciudadanos.
Una sociedad moderna con el poder sin terminar de democratizar
Sería un error concluir que el II Reich estaba gobernado permanentemente por sus generales. El Ejército no controlaba cada ley, cada ministerio ni cada decisión económica. Tampoco existía una élite militar perfectamente unida. Había rivalidades entre el canciller, el Estado Mayor, los ministerios de Guerra, el Gabinete Militar, la Marina y el propio emperador.
La Alemania imperial tampoco era una dictadura militar disimulada. Tenía elecciones competitivas, partidos de masas, opinión pública, debate parlamentario y un Reichstag cuyo poder había crecido desde 1871.
Pero no era necesario que los generales gobernasen directamente para que existiera autonomía militar. Bastaba con que el Gobierno retrocediera cuando el Ejército invocaba sus necesidades, su disciplina o su honor.
Nada de esto demuestra que la guerra mundial fuese inevitable. Una institución militar poderosa no declara por sí sola una guerra. Había diferencias importantes entre el emperador, los cancilleres, los diplomáticos, los oficiales, los industriales y los grandes propietarios agrarios. Conocer el desenlace de agosto de 1914 no debería convertir todos los conflictos anteriores en escalones inevitables hacia la catástrofe.
Aquel reparto del poder sí hacía, en cambio, más peligrosa una crisis internacional. La sociedad podía votar; el Parlamento podía debatir y aprobar dinero; la prensa podía investigar; el canciller podía negociar. Pero las decisiones sobre planificación estratégica, movilización y mando permanecían en un espacio parcialmente protegido frente al control parlamentario.
Lo paradójico era que aquella autonomía militar no sobrevivía en una sociedad inmóvil. Alemania se había convertido en una potencia industrial, científica y urbana, con universidades de primer orden, empresas de alcance mundial, partidos de masas y una clase obrera organizada. La modernización no había pasado de largo ante el Reich. Lo había transformado casi todo, salvo la distribución última del poder.
La vieja frase atribuida a Mirabeau conserva por eso parte de su fuerza. No porque describa literalmente la Alemania de 1914, sino porque reconoce una herencia que la unificación no había eliminado. El país había levantado algunas de las industrias más modernas del mundo sin democratizar por completo las instituciones que custodiaban las armas.
El II Reich no era exactamente un ejército que tuviera un país. Pero el país aún no había conseguido controlar a su ejército.