Esta noticia: Vandalizada una heladería argentina de Barcelona tras una denuncia por discriminación del catalán me llamó mucho la atención el año pasado, como síntoma político, y como problema jurídico. Problemas que no están resueltos.
Más allá de los excesos, el caso plantea una cuestión jurídica de fondo que rara vez se aborda con precisión. Cuando una norma reconoce al consumidor el derecho a ser atendido en la lengua oficial que elija, alguien tiene que soportar el coste de garantizar ese derecho. La discusión relevante no es si un ciudadano puede expresarse en catalán, cuestión pacífica, sino hasta dónde pueden llegar los poderes públicos al imponer obligaciones lingüísticas a empresas y trabajadores sin alterar el equilibrio constitucional diseñado en torno al artículo 3 de la Constitución.
Mi análisis, aquí: 👉 https://lafrome.com/derechos-linguisticos-y-relaciones-privadas/