Una reflexión personal sobre la guerra contra el terrorismo, el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y los límites de la excepción.
Hace veinticinco años comenzó la guerra contra el terrorismo. Durante mucho tiempo pensé que Guantánamo era, sobre todo, una historia de cárceles, interrogatorios y tribunales militares. Al volver sobre aquellos debates descubrí que era algo más interesante: una discusión sobre si era posible situar a determinadas personas fuera de las categorías jurídicas conocidas.
No es un trabajo académico, ni pretende ser una historia completa de Guantánamo. Es simplemente una reflexión personal sobre uno de los debates jurídicos más fascinantes de las últimas décadas y sobre la sorprendente capacidad de resistencia de algunas instituciones jurídicas cuando se ven sometidas a circunstancias excepcionales.
El resultado probablemente interese sobre todo a quienes disfrutan perdiéndose en sentencias, memorandos y controversias de derecho internacional. Si alguien decide acompañarme en el viaje, aquí queda:
Sobre esta noticia: «La Corte Suprema respalda la decisión del Pentágono de anular acuerdos de culpabilidad de presuntos conspiradores del 11S» https://cnnespanol.cnn.com/2026/10/19/eeuu/corte-suprema-pentagono-acuerdos-11-s-trax
¿Quiénes son estos tipos y qué ha pasado con ellos desde el 11-S?
Los tres hombres de la noticia —Khalid Sheikh Mohammed (KSM), Mustafa al-Hawsawi y Walid bin Attash— llevan casi un cuarto de siglo atrapados en un procedimiento judicial que parece no tener fin. Los tres están acusados de participar en la planificación de los atentados del 11-S, que causaron cerca de 3.000 muertos. Mohammed fue capturado en Pakistán en marzo de 2003; pasó los años siguientes en centros secretos de detención de la CIA, donde fue torturado, y llegó a Guantánamo en septiembre de 2006. Sus presuntos colaboradores también acabaron bajo custodia estadounidense. Sin embargo, a estas alturas todavía no se ha celebrado el juicio principal.
¿La razón? Entre otras, que Estados Unidos quiso procesarlos mediante tribunales militares especiales y se encontraron con un problema que ellos mismos habían creado: cómo juzgar a unos acusados cuyas declaraciones podían estar contaminadas por la tortura. No basta con tener la convicción de que alguien es culpable; hay que demostrarlo mediante pruebas admisibles y respetando las garantías procesales. Los interrogatorios posteriores que pretendían obtener declaraciones «limpias» tampoco han resuelto el problema: los jueces han excluido declaraciones por considerar que seguían afectadas por la coacción sufrida anteriormente.
En 2024 parecía que, por fin, se había encontrado una salida. Tras más de dos años de negociaciones, los fiscales militares alcanzaron acuerdos de culpabilidad con los tres acusados: estos se declararían culpables y participarían en audiencias públicas en las que responderían a preguntas de familiares y supervivientes de los atentados. A cambio, la acusación renunciaría a solicitar la pena de muerte y aceptaría la cadena perpetua. Era una forma de cerrar el caso sin arriesgarse a otro interminable juicio capital, con todas las dificultades probatorias que arrastra.
Conviene aclarar que un plea bargain no es ninguna rareza ni una componenda inventada para este caso. Los acuerdos de culpabilidad son una práctica habitual tanto en la justicia penal civil como en la justicia militar estadounidenses, aunque sus reglas y efectos no sean idénticos. En los consejos de guerra también se negocian acuerdos previos al juicio que pueden limitar los cargos o la pena. De hecho, un informe oficial sobre la justicia militar recoge que, en el ejercicio fiscal de 2023, hubo acuerdos de culpabilidad en el 72 % de los consejos de guerra generales de la Armada y en el 43 % de los del Ejército. Es una práctica ordinaria, aunque este caso sea extraordinario.
A los aficionados al cine quizá les suene la escena de Algunos hombres buenos (A Few Good Men, 1992). El teniente Daniel Kaffee, interpretado por Tom Cruise, es presentado como un abogado militar que ha negociado acuerdos de culpabilidad en 44 casos en nueve meses. Su personaje empieza tratando el caso que le han asignado como otro expediente que puede cerrar mediante un pacto, hasta que acaba enfrentándose a una cuestión que exige llegar al juicio. Kevin Bacon interpreta al fiscal militar Jack Ross. La película, por cierto, lleva a sus protagonistas a Guantánamo para investigar, pero el consejo de guerra se celebra en Washington. En el caso real del 11-S, en cambio, las comisiones militares tienen su sede en Guantánamo. La referencia viene al pelo: en Estados Unidos, negociar una declaración de culpabilidad forma parte habitual del funcionamiento de la justicia militar; lo excepcional aquí es la magnitud de los crímenes, la posible pena capital y la historia de torturas que condiciona las pruebas.
Pero intervino Lloyd Austin, secretario de Defensa de la Administración Biden. Consideró que una decisión de semejante trascendencia —renunciar a la pena capital en el caso del 11-S— debía corresponderle personalmente y revocó los acuerdos. Aquí empezó el nuevo vaivén judicial: un juez militar consideró que Austin había actuado demasiado tarde y que los pactos seguían siendo válidos; después, los tribunales superiores terminaron dando la razón al Gobierno. En agosto de 2025, un tribunal federal de apelaciones resolvió, por dos votos contra uno, que Austin tenía autoridad para anularlos.
Los acusados recurrieron entonces al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y aquí está la noticia de estos días: el 19 de octubre de 2026, el Supremo se negó a revisar el asunto. No ha celebrado un juicio sobre la culpabilidad de los acusados ni ha dictado una sentencia que los condene; simplemente ha rechazado examinar el recurso y deja en pie la decisión que permitió revocar los acuerdos.
¿Y ahora qué? Se vuelve a la casilla del juicio militar en Guantánamo, con la posibilidad de que la acusación solicite la pena de muerte. Para Khalid Sheikh Mohammed y sus dos coacusados se ha fijado como fecha de inicio el 5 de junio de 2028. Pero que exista una fecha en el calendario no garantiza que el juicio vaya a celebrarse entonces: todavía quedan cuestiones procesales y probatorias importantes por resolver.
La paradoja es considerable. La Administración Biden permitió que sus fiscales pactaran una salida que habría garantizado declaraciones de culpabilidad y cadena perpetua; el propio secretario de Defensa de Biden la anuló, y la justicia ha acabado respaldando su facultad para hacerlo. Mientras tanto, las víctimas y sus familias siguen esperando una resolución judicial definitiva, veinticinco años después de los atentados.
No se trata de minimizar los crímenes ni de discutir la gravedad del 11-S. Se trata de que un Estado de derecho debe poder juzgar incluso a los acusados de los peores delitos sin que las torturas practicadas por sus propios agentes terminen comprometiendo el proceso. Después de tantos años, la pregunta ya no es solo qué pena merecen los acusados, sino si el sistema será capaz de celebrar un juicio válido y llegar, por fin, a una sentencia.